Zaragoza, 22 de febrero de 2017._ El Comité Ejecutivo de CEOE Zaragoza, reunido esta tarde, ha decidido presentar recurso contencioso administrativo contra la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza de municipalizar el servicio de atención telefónica 010. La Confederación considera que la medida adoptada el pasado día 13, pese a la oposición de la mayoría del pleno y los informes contrarios del servicio de Intervención, no respeta la legalidad y es negativa para la ciudad.
CEOE Zaragoza recuerda que el rescate del servicio del 010 acordado unilateralmente por el equipo de gobierno municipal, y los de otras contratas para las que ya se anuncian intentos similares, plantea importantes dudas jurídicas, laborales y económicas.
Por una parte, el Ayuntamiento debe buscar la mayor eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los servicios públicos, siendo su prestación a través de contratas con empresas competitivas y especializadas una fórmula ampliamente aplicada internacionalmente y que se ha demostrado flexible y adecuada para ello.
Por otro lado, en el ámbito laboral, las dudas e indefinición sobre todo el procedimiento generan inseguridad para las propias trabajadoras actuales del servicio, que pueden perder sus puestos de trabajo, que el Consistorio dice defender, cuando deba convocarse la oportuna oposición o concurso para ocupar esas plazas conforme a la legalidad. Es muy cuestionable que los trabajadores de las empresas que actualmente prestan servicios públicos puedan ser subrogados directamente por la administración, como funcionarios o personal laboral, sin superar las pertinentes oposiciones o concursos públicos. Esto supondría soslayar el proceso que asegura en nuestra legislación que el acceso a la función pública se haga por principios de mérito, capacidad y libre concurrencia, y pasar por encima de los derechos de todas aquellas personas que están en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento tras superar un proceso de selección o preparan oposiciones al Ayuntamiento de Zaragoza.
CEOE Zaragoza insiste en que esta decisión se enmarca, además, en una política de hostigamiento desde el Consistorio hacia las empresas privadas que gestionan la prestación de diversos servicios municipales y que busca generar un clima contrario a ellas desde planteamientos puramente ideológicos y no basados en la calidad, eficiencia, sostenibilidad ni ahorro de costes para la Administración y, por tanto, para los ciudadanos. Esta situación va más de la lógica exigencia a las empresas del cumplimiento escrupuloso de lo establecido en los pliegos de las contratas, al igual que el Ayuntamiento debe licitarlos con condiciones económicas que garanticen la posibilidad de prestar servicios de calidad, con exigencias y precios mínimos adecuados.